Ciudad de México, (SinEmbargo).– En menos de siete días, el priista Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, fue acusado de entregar tarjetas de beneficios económicos que pretende pagar un día después de las próximas elecciones del 7 de junio, fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por difundir su informe de Gobierno fuera de su entidad y, encima, la Cámara de Diputados lo convocó para informar sobre las violaciones a los derechos humanos en el caso Tlatlaya.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le propinó un palo a su gobierno, luego de que resolvió un amparo que obliga a la administración del priista a investigar de nuevo la muerte de una mujer en 2010, y hacerlo no como un suicidio –como lo trató todos estos años la Procuraduría General de Justicia mexiquense– sino como un probable feminicidio, una decisión que abre un precedente para investigar a fondo los cientos de feminicidios en esa entidad e incluso en toda la República.
El pasado lunes, SinEmbargo publicó un reportaje donde evidenció que la administración de Ávila Villegas entregó a padres de familia y tutores de estudiantes de nivel básico, en al menos 50 municipios del Edomex, la tarjeta de descuentos “La Efectiva”, con el compromiso de que los 130 pesos que contiene se podrán cobrar a partir del próximo 8 de junio, justo un día después de las elecciones del 7 de junio.
Lo que en la entidad se difundió como el cumplimiento de una promesa de campaña de Eruviel Ávila, para el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) la entrega de tarjetas condiciona el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues existe una promesa de recursos que implica una aportación en materia de financiamiento en especie y en efectivo.
Desde el pasado 14 de enero se comenzaron a repartir en institutos educativos los plásticos; sin embargo, de acuerdo con una solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentada ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, las tarjetas también se están entregando en domicilios particulares, lo que se asume como una uso indebido del padrón electoral.
Además, el jueves pasado, el Consejo General del INE sancionó al Gobernador del Estado de México por violar la Constitución con la difusión, fuera del territorio de esa entidad, de mensajes para promover su Informe de Gobierno durante 2014.
Luego de una larga discusión, siete consejeros votaron a favor de dar vista al Congreso del Estado de México, para que aplique la sanción correspondiente.
Esta semana, también la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para llevar a cabo una reunión de trabajo con el mandatario mexiquense, para que informe sobre las violaciones graves a los derechos humanos durante los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, donde presuntamente civiles fueron ejecutados extraoficialmente.
Asimismo, por la situación que generan distintas formas de violencia de género y presuntas violaciones a los derechos humanos de las mujeres en la entidad gobernada por Ávila Villegas.
Pero fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que puso al Estado de México nuevamente en los reflectores, pues concedió un amparo que obliga a la administración mexiquense, encabezada por Eruviel Ávila Villegas, a que investigue de nuevo la muerte de Mariana Lima Buendía ya no como un suicidio sino como un feminicidio.
La decisión abrió una puerta para que otros cientos de mujeres asesinadas puedan obtener justicia en el Edomex. Y es que en esa entidad, pese a las decenas de marchas, protestas y las al menos tres peticiones de Alerta por Violencia de Género, con las que ciudadanos y organizaciones han exigido que se ponga un alto a los constantes asesinatos de mujeres, el Gobierno de Eruviel Ávila ha insistido en negar que haya un problema de género en la entidad.
La alerta de género ha sido negada en el Edomex en tres ocasiones, a pesar de que existen elementos suficientes para emitirla, dicen activistas.
Junto con el caso de Mariana, otros cientos de feminicidios han quedado impunes en el Estado de México, que ha echado mano de todos los recursos políticos para evitar la declaratoria de Alerta de Género, un vanguardista instrumento jurídico existente en México pero que no ha sido aplicado en ninguna entidad.
Pese a que diversas organizaciones han denunciado que entre 2007 y 2013 en esa entidad han muerto más de mil 500 mujeres, y tan sólo en lo que va de la administración de Ávila Villegas –que inició en diciembre de 2012– han desaparecido más de 600 mujeres menores de 20 años, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Pero las cifras no han logrado que ni la administración estatal ni la federal, lleven a cabo las medidas necesarias para bajar los índices de violencia contra las mujeres.
El mismo día de la resolución de la SCJN, Amnistía Internacional denunció que en México la impunidad en los casos de violencia de género, abuso sexual y feminicidio es generalizada ante las ineficientes leyes federales y locales promulgadas en la materia y la insuficiencia del sistema de justicia para afrontar las investigaciones con perspectiva de género.