El gobernador Omar Fayad, encabezó la firma de acuerdos de coordinación para la instalación de la Comisión Permanente de Contralores Estado – Municipios y de los Observatorios Ciudadanos, en el marco de lo que será la integración del Sistema Estatal Anticorrupción.
Al respecto, se pronunció a favor de que estos convenios hagan que Hidalgo vaya a la vanguardia y sea un mejor estado en la materia, así como en transparencia de los recursos públicos.
Resaltó de igual forma, el interés y participación de 83 alcaldes que se dieron cita a este evento, así como la representación de uno de ellos, en este asunto que es de todos.
En este sentido, reconoció el titular del Ejecutivo que no sólo se trata de vigilancia y de la participación de toda la sociedad en su conjunto, con la finalidad de destituir funcionarios para meterlos a la cárcel, es más bien, dijo, un asunto cultural y de educación.
’Este asunto es mucho más allá de fondo, en donde debemos trabajar todos, porque se tiene un problema de carácter cultural, en el que hay que trabajar con los niños de esta generación para que ellos se formen en un sistema de mucho mayor interés por los asuntos públicos y de los recursos que son de todos, bajo una gran consciencia ciudadana, que permita una verdadera transformación en nuestro país’, puntualizó.
Recordó también su propuesta para que se retire el fuero al gobernador, alcaldes y diputados locales, sin embargo reconoció que hay que hacer muchos esfuerzos para seguir avanzando en estos temas, pero siempre con el apoyo del sector educativo, ya que consideró que si se quiere un perfil de ciudadanos que hoy lamentablemente no existe, se tiene que formar desde las aulas.
Hizo mención de un diagnóstico realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el 2015 sobre la percepción que tiene la población sobre temas de corrupción, en el cual México ocupa el lugar número 34 de 35 países que son miembros, lo que resulta alarmante, consideró el mandatario.
Por lo anterior, afirmó que se tiene que dar una respuesta constante de parte de las autoridades, a fin de ubicar a las cosas en su justa dimensión y procurar que no haya impunidad y se haga justicia en aquellas situaciones que resultan muy obvias y escandalosas.
Externó la necesidad de evitar que alguien sea impune por lagunas legales, ya que reconoció que hay algunos casos en donde servidores públicos que saben, a través de maquillar información, que no los culpen de sus actos, "es por ello que acordé con los diputados locales, realizar una revisión a fondo para que no se den este tipo de circunstancias, que generan ilegalidad ante cosas obvias".
De ahí que adelantó que se buscará la conformación de un nuevo andamiaje jurídico, leyes, y sistemas novedosos anticorrupción, para poder enfrentar las situaciones que se presentan de manera cotidiana, priorizando siempre un mejor camino en este tema y de transparencia.
Por último señaló que este ejercicio se tiene que trabajar en conjunto, autoridades y la sociedad civil, como un mecanismo de vigilancia, sobre todo en temas como el combate a la corrupción.
Jacobo Pastor García Villareal, especialista de la OCDE en México, consideró que la corrupción es un cáncer que tiene efectos negativos en la sociedad y afecta siempre a quienes menos tienen, además de que contribuye a la falta de confianza hacia las instituciones públicas, de parte de los ciudadanos.
Dio a conocer la firma de convenios de colaboración con otras entidades en temas relacionados con la lucha contra la corrupción, y adelantó que ya se trabaja con el gobierno del estado de Hidalgo, para que se sume a estos trabajos.
La encargada de dar a conocer la exposición de motivos fue Citlalli Jaramillo Ramírez, secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado, quien afirmó que esta es la muestra de que en Hidalgo se sabe trabajar en equipo, con la finalidad de alcanzar mejores prácticas en materia de rendición de cuentas.
Enfatizó que en el marco de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, se observarán acciones para que los servidores públicos de manera voluntaria se rehúsen a participar en aquellas actividades que estén fuera de la ley, y que su actuar sea de manera transparente.